La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, como parte de un operativo relacionado con presuntas redes dedicadas al robo y contrabando de combustible.
El anuncio involucró a elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías de Guanajuato durante el cateo. También se informó sobre el aseguramiento de vehículos, documentación y facturas.
Sin embargo, el caso generó cuestionamientos después de que la empresa que opera la terminal señalara que sus instalaciones funcionan legalmente y que cuenta con los permisos correspondientes.
¿Qué pasó con los 59 millones de litros de combustible asegurados?
La FGR aseguró 59 millones de litros de combustible en una planta localizada en San José Iturbide, Guanajuato, como parte de una investigación relacionada con presunto huachicol y contrabando de combustible.
Tras el operativo, el Gobierno federal señaló que el siguiente paso sería identificar y detener al grupo delictivo responsable del supuesto robo y almacenamiento ilegal del hidrocarburo.
La situación tomó otro giro debido a que, posteriormente, la empresa responsable de la terminal sostuvo que sus operaciones son legales y presentó documentación y permisos otorgados por autoridades.
¿De quién es la planta donde encontraron el combustible?
La terminal es operada por Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente al grupo SIMSA.
De acuerdo con lo señalado por la compañía, su función consiste en recibir y almacenar combustible que pertenece a sus clientes. Es decir, la empresa sostiene que no es propietaria de la gasolina o el diésel que se encontraba almacenado en sus instalaciones.
Entre los usuarios de la terminal se encuentran distintas empresas, además de Petróleos Mexicanos (Pemex), según la información proporcionada en el caso.
La compañía también señaló que cuenta con permisos y autorizaciones vigentes para operar sus instalaciones.
¿Por qué la planta de San José Iturbide es importante?
La terminal de San José Iturbide no es una instalación improvisada. Se trata de una planta de almacenamiento y distribución de combustible que, de acuerdo con la información proporcionada, tiene relevancia para el abastecimiento de distintas zonas del Bajío y del norte del Valle de México.
La instalación fue inaugurada en 2017 y tuvo un papel importante durante el desabasto de combustible de 2019, cuando recibió productos transportados por trenes de distintas empresas.
La planta pertenece al grupo SIMSA y su actividad consiste en almacenar y distribuir combustible, mientras que los permisos de importación corresponden a las empresas que utilizan sus instalaciones.
¿Qué ocurrió cuando la FGR revisó los permisos?
El pasado 4 de septiembre, personal de la Fiscalía General de la República acudió a la terminal para solicitar documentación relacionada con los permisos de importación.
La situación derivó en una investigación para determinar la procedencia y legalidad del combustible almacenado en el lugar. La terminal permaneció cerrada del 4 al 10 de septiembre.
Sin embargo, posteriormente volvió a operar con normalidad. De acuerdo con la información proporcionada, no hubo personas detenidas y las actividades de la planta continuaron.
¿La planta sigue funcionando después del aseguramiento?
Sí. La terminal retomó sus operaciones y las pipas continuaron entrando y saliendo del lugar.
Además, la empresa emitió un comunicado en el que aseguró que la terminal opera con permisos y autorizaciones vigentes y que los productos almacenados pertenecen a sus clientes, quienes cuentan con la documentación correspondiente.
La compañía manifestó su confianza en que la revisión de la documentación permita aclarar la situación y sostuvo que se trató de una confusión que deberá ser esclarecida.
¿Qué investiga la Fiscalía sobre el combustible?
La FGR mantiene abierta la investigación para determinar si el combustible almacenado en la terminal tenía un origen ilegal.
El anuncio inicial señaló que se trataba de combustible relacionado con redes de robo y contrabando. Sin embargo, la empresa que opera las instalaciones sostiene que cuenta con los permisos necesarios y que el producto almacenado pertenece a sus clientes.
Por ello, la investigación deberá determinar la procedencia y legalidad del combustible señalado en el operativo.
El caso quedó marcado por la diferencia entre el anuncio inicial sobre el aseguramiento de los 59 millones de litros de combustible y la postura de la empresa, que afirma que tanto la operación de la terminal como el producto de sus clientes cuentan con documentación.
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