Un policía municipal señalado por presunta agresión sexual contra un hombre detenido en Chihuahua capital fue liberado, luego de que, según información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), no se reunieran elementos suficientes para demostrar su responsabilidad. Sin embargo, el caso continúa bajo el ámbito de las autoridades ministeriales, que deberán esclarecer lo ocurrido.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la denuncia surgió después de una intervención policial realizada al sur de la ciudad. Previamente, la Fiscalía General del Estado informó que el agente había sido imputado por los delitos de violación agravada y abuso de autoridad.
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¿Por qué liberaron al policía municipal acusado en Chihuahua?
La DSPM informó que el elemento, quien lleva dos años en la corporación, acudió por cuenta propia a las oficinas de la dirección para responder a los señalamientos y dar su versión de los hechos.
No obstante, la corporación precisó que la investigación corresponde a la Fiscalía, instancia que deberá analizar las pruebas disponibles y determinar las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión.
La dirección también mencionó que el denunciante tenía antecedentes de detenciones relacionadas con presuntos delitos de narcomenudeo y que, según la información que recibió, durante la última intervención se contemplaba su traslado a un Centro de Reinserción Social.
Estos antecedentes, sin embargo, no determinan por sí mismos la veracidad de la denuncia ni sustituyen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Cámaras policiales podrían aportar evidencia
Otro de los puntos abordados fue el uso de cámaras de solapa por parte de los policías municipales. Las grabaciones de estos dispositivos pueden aportar información sobre las intervenciones y ayudar a contrastar las versiones de las personas involucradas.
El material audiovisual puede ser considerado por la Fiscalía como parte de las investigaciones, siempre que esté disponible y resulte pertinente para el caso.
La DSPM manifestó su respaldo institucional al elemento, aunque señaló que ese apoyo no significa encubrir posibles conductas indebidas. La responsabilidad de establecer qué ocurrió y determinar las consecuencias legales corresponde a las autoridades competentes.
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