Una iniciativa presentada propone reformar la ley para permitir que madres o padres puedan viajar con sus hijas e hijos menores de edad sin requerir el consentimiento del otro progenitor, en casos donde exista incumplimiento de obligaciones parentales, se le ha denominado como "Ley Cazzu".
El planteamiento sostiene que actualmente personas que han dejado de cumplir con sus responsabilidades de crianza, alimentos o convivencia mantienen facultades legales que influyen directamente en la vida de los menores.
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Buscan evitar uso abusivo de la patria potestad en casos de abandono
La iniciativa señala que esta situación genera desigualdad, ya que quien asume la responsabilidad diaria del cuidado debe solicitar autorización a un progenitor ausente, lo que en muchos casos se convierte en un mecanismo de control. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), millones de hogares en México son sostenidos por una sola persona, generalmente madres que cubren tanto la manutención como la crianza.
El proyecto plantea modificar el artículo 4 de la Constitución para establecer mecanismos ágiles, accesibles y con perspectiva de género que permitan a quien ejerce la guarda y custodia obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional de amplia temporalidad. Esto aplicaría en casos donde se acredite abandono o incumplimiento reiterado de las obligaciones parentales.
Además, se contempla que estas medidas estén sujetas a control judicial y alineadas con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como con los compromisos internacionales del Estado mexicano. También se propone que se establezcan criterios claros para acreditar el abandono parental, incluyendo el uso de registros de deudores alimentarios morosos.
Otro punto relevante es que la negativa injustificada o el silencio del progenitor incumplido no impediría la autorización de viajes cuando se determine que se afecta el interés superior de los menores.
La iniciativa enfatiza que no busca retirar derechos a los padres, sino evitar el uso abusivo de los mismos en situaciones donde exista incumplimiento comprobado, garantizando siempre la revisión judicial y la protección de la niñez.
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