La Suprema Corte de Justicia retomará esta semana la discusión sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras la presentación de un proyecto que plantea autorizar el congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial. La iniciativa, impulsada por la ministra Lenya Batres, generó inquietud entre especialistas y organizaciones que advierten posibles afectaciones a derechos constitucionales.
Antecedentes sobre el criterio de la Corte
El tema retoma un debate que la Corte ya había zanjado en años anteriores, cuando declaró inconstitucional que la UIF ordenara el bloqueo de cuentas por decisión propia. Hasta ahora, esa acción solo puede ejecutarse cuando proviene de solicitudes de gobiernos extranjeros u organismos internacionales en el marco de tratados firmados por México.
Preocupación por el alcance de la UIF
Expertos en derecho financiero explican que la función de la UIF se limita a recibir reportes inusuales, recopilar información y presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, entidad encargada de investigar y, en su caso, judicializar. Convertirla en un órgano con capacidad ejecutiva, señalan, implicaría un cambio profundo en su naturaleza y abriría la puerta a decisiones discrecionales.
Riesgos de uso político
Analistas advierten que dotar a la UIF de facultades directas para congelar cuentas podría convertirla en un instrumento de presión política. Consideran que personas cercanas a gobiernos en turno y críticos podrían quedar en condiciones desiguales ante una herramienta que tiene efectos inmediatos sobre la vida económica de cualquier ciudadano.
Conexión con reformas recientes
La discusión coincide con la reciente reforma a la Ley de Amparo, que según especialistas debilita la presunción de inocencia al exigir que los ciudadanos acrediten el origen lícito de sus recursos antes de recuperar el acceso a su patrimonio. La posible aprobación del proyecto, señalan, complementaría una tendencia hacia mayores controles del Estado sobre los bienes de particulares.
El análisis del proyecto está programado para el jueves en el pleno de la Corte, donde los ministros definirán si mantienen el criterio que ha prevalecido o si modifican el marco de actuación de la UIF. La resolución podría marcar un precedente de amplio impacto en materia de derechos financieros y controles institucionales.
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