La suspensión y posterior destitución de un juez federal en Colima, así como el procedimiento disciplinario contra una exjueza que concedió una suspensión relacionada con la reforma judicial, forman parte de una serie de casos que han generado cuestionamientos sobre la autonomía de quienes imparten justicia en México.
Se trata de Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido y Marta Magaña, quienes han hecho públicas sus experiencias y aseguran que las acciones emprendidas en su contra tienen relación con sus resoluciones judiciales. Sus señalamientos contrastan con los argumentos de los órganos disciplinarios, que han sustentado sus procedimientos en presuntas irregularidades durante el ejercicio de sus funciones.
¿Por qué suspendieron y destituyeron al juez Sergio Sigales en Colima?
Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, quien cuenta con casi tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial, fue suspendido el 30 de octubre de 2025 por el Tribunal de Disciplina Judicial. De acuerdo con el relato, fue el primer juez federal en recibir una medida de este tipo por parte del nuevo órgano.
Posteriormente, la Comisión de Disciplina resolvió destituirlo e inhabilitarlo, aunque todavía estaba pendiente la revisión de esa determinación por parte del pleno.
El señalamiento contra Sigales está relacionado con cuatro causas de 2022 que resolvió mediante procedimientos abreviados. En este mecanismo, una persona acusada acepta su responsabilidad a cambio de recibir una pena menor.
Según la explicación del juez, en esos expedientes el Ministerio Público propuso una reducción de una sexta parte respecto de la pena mínima, pero él determinó aplicar una disminución de un tercio.
Sigales sostiene que su trayectoria incluye cerca de 300 resoluciones mediante este procedimiento y que las cuatro causas cuestionadas involucraban a personas sin antecedentes penales.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina consideró que el juez incumplió el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que no puede imponer una pena distinta a la acordada entre las partes.
El juzgador considera que su determinación correspondió a un criterio jurídico y sostiene que ese señalamiento habría sido utilizado como argumento para justificar las acciones posteriores en su contra.
¿Qué relación tiene la prisión preventiva oficiosa con el caso del juez de Colima?
Otro de los puntos que Sigales identifica como parte del contexto de su suspensión es su postura frente a la prisión preventiva oficiosa.
Desde 2022, el juez dejó de aplicar esta medida de manera automática en determinados casos, al considerar los criterios y estándares establecidos en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con su testimonio, esa posición generó inconformidades y derivó en quejas presentadas ante la Fiscalía General de la República y por el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. El relato señala que dichas quejas fueron desestimadas en su momento por el Consejo de la Judicatura.
Sigales considera que sus resoluciones sobre prisión preventiva fueron un factor detrás de las acciones disciplinarias posteriores.
Como ejemplo, recordó un caso que recibió el 19 de octubre de 2025, durante su última guardia, relacionado con una persona detenida por presunta portación de arma de fuego y posesión de metanfetamina.
Aunque los delitos señalados contemplaban prisión preventiva oficiosa, el juez decidió sustituir esa medida por la obligación de presentarse a firmar cada 15 días y la prohibición de salir del estado.
Doce días después, según la cronología expuesta en el reportaje, fue suspendido.
¿Qué pasó con la exjueza Marta Magaña por detener el trámite de la reforma judicial?
El caso de Marta Magaña, exjueza federal con 24 años de trayectoria, también está relacionado con una resolución que tomó durante el proceso de aprobación de la reforma judicial impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El 30 de agosto de 2024, mientras se encontraba de guardia en un juzgado de Morelos, recibió una demanda de amparo relacionada con el trámite de la reforma.
Magaña explicó que se declaró impedida para resolver el asunto debido a que anteriormente había expresado públicamente críticas sobre la iniciativa. Sin embargo, consideró que se trataba de un caso urgente y concedió una suspensión para evitar que el proyecto fuera entregado a la nueva legislatura.
La exjueza sostuvo que su decisión se basó en lo establecido por el artículo 127 de la Ley de Amparo, que contempla la emisión de una suspensión cuando se trata de asuntos urgentes.
Aunque un tribunal colegiado aceptó posteriormente su impedimento, la resolución ya había provocado cuestionamientos y acciones en su contra.
¿Qué denuncias y procedimientos enfrenta Marta Magaña?
De acuerdo con su testimonio, después de que su caso fuera mencionado durante las conferencias matutinas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se promovieron distintas acciones en su contra.
Entre ellas mencionó una denuncia penal, un procedimiento disciplinario y una solicitud de juicio político impulsada por diputados de Morena.
Magaña también relató que recibió mensajes intimidatorios y ataques en redes sociales, donde circularon fotografías suyas y expresiones descalificadoras relacionadas con su trabajo como jueza.
La exfuncionaria considera que estas acciones generaron un ambiente de hostigamiento y presión por la resolución que había emitido sobre la reforma judicial.
¿Cuántos jueces enfrentan procedimientos disciplinarios en México?
Los casos de Sigales y Magaña no serían los únicos. Según las cifras citadas en el reportaje, la Asociación Mexicana de Juzgadoras registra 41 personas juzgadoras con procedimientos en curso, de las cuales 40 cuentan con trayectoria en la carrera judicial.
Además, el material señala que se documentaron al menos 20 procedimientos contra integrantes del Poder Judicial que emitieron suspensiones o sentencias para frenar aspectos de la reforma judicial.
Entre los casos mencionados se encuentra el de María Gabriela Ruiz Márquez, jueza en Jalisco que dictó una de las primeras sentencias de amparo contra la reforma. De acuerdo con el reportaje, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República y un procedimiento ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
También se recuerdan antecedentes de otros juzgadores, como Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue señalado después de conceder suspensiones contra la reforma eléctrica; Rodrigo de la Peza, quien enfrentó una denuncia penal y una solicitud de juicio político, y Jorge Arturo Camero Campo, suspendido tras conocer asuntos relacionados con los amparos sobre el Aeropuerto Felipe Ángeles.
¿Por qué estos casos generan preocupación sobre la independencia judicial?
Tanto Sigales como Magaña consideran que los procedimientos disciplinarios pueden tener consecuencias más allá de sus propias situaciones, debido al mensaje que podrían transmitir a otros integrantes del Poder Judicial.
Desde su perspectiva, la posibilidad de enfrentar investigaciones administrativas o penales por determinadas resoluciones podría influir en la manera en que otros jueces toman decisiones.
Magaña advierte que el alcance de las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial podría convertirse en un factor de presión si el órgano revisa no solamente la conducta de los juzgadores, sino también los criterios jurídicos utilizados para resolver los asuntos.
Ambos sostienen que sus casos deben analizarse dentro del debate sobre la independencia judicial, la división de poderes y los límites de los procedimientos disciplinarios.
Mientras los órganos correspondientes mantienen sus actuaciones, los dos exjuzgadores han decidido hacer públicos sus testimonios y cuestionamientos sobre las consecuencias que, consideran, pueden enfrentar quienes emiten resoluciones contrarias a los intereses de las autoridades.
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