Una investigación periodística basada en una auditoría interna reveló presuntas irregularidades relacionadas con la dispersión de miles de pagos en efectivo durante el proceso electoral de 2024, mediante un convenio firmado entre Morena y Financiera para el Bienestar. Los hechos habrían ocurrido en todo el país entre 2022 y 2024, a través de órdenes de pago etiquetadas como apoyos sociales, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos, el destino de los fondos y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia electoral y financiera.
¿Qué revela la investigación sobre los pagos realizados por Morena?
De acuerdo con los hallazgos difundidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el partido habría utilizado la estructura de Financiera para el Bienestar para realizar miles de entregas de dinero en efectivo a través de órdenes de pago cobrables en distintos puntos del país.
La investigación señala que estas operaciones fueron registradas como apoyos sociales, una situación que ha llamado la atención debido a que los partidos políticos tienen restricciones legales respecto a la entrega directa de este tipo de beneficios a la población.
Convenio habría permitido dispersar más de 252 mil pagos
Según la documentación revisada, el convenio entre Morena y Financiera para el Bienestar fue firmado el 1 de junio de 2022 y permaneció vigente hasta el 28 de junio de 2024.
La auditoría refiere que, mediante este mecanismo, se habrían dispersado más de 252 mil pagos en efectivo, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente el monto total involucrado ni la identidad de quienes recibieron dichos recursos.
Persisten dudas sobre el origen y destino del dineroUno de los puntos que más interrogantes ha generado es la falta de información sobre el origen de los recursos utilizados para financiar estas operaciones.
De acuerdo con la investigación, si cada uno de los pagos hubiera sido por 100 pesos, el monto superaría los 25 millones de pesos. Sin embargo, si las cantidades entregadas hubieran alcanzado los mil pesos por beneficiario, la cifra podría rebasar los 250 millones de pesos.
Hasta ahora, no existe información pública que permita conocer con precisión el monto total manejado bajo este esquema.
Auditoría detectó posibles omisiones en controles financieros
La auditoría interna también señala que el contrato habría operado sin aplicar diversos procedimientos relacionados con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre las observaciones destacan posibles omisiones en los mecanismos de verificación sobre el origen de los recursos, así como la falta de algunos controles contemplados en la legislación antilavado vigente en México.
Estas observaciones forman parte de los elementos que actualmente generan cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de las operaciones detectadas.
¿Fue informado el INE sobre estas operaciones?
La investigación sostiene que las operaciones detectadas no habrían sido reportadas al Instituto Nacional Electoral ni a otras autoridades financieras encargadas de supervisar el manejo de recursos relacionados con actividades políticas. Este aspecto ha colocado el caso en el centro del debate público, debido a la relevancia que tiene la fiscalización de recursos durante los procesos electorales.
Mientras continúan las revisiones y análisis sobre el caso, permanecen abiertas las interrogantes sobre el alcance de las operaciones, el origen del dinero utilizado y las posibles consecuencias legales derivadas de los hallazgos de la auditoría.
📲 ¡Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp! —> Solo da clic aquí
Y para esta y más información, síguenos también en nuestras múltiples redes sociales: en Facebook nos encuentras como Azteca Chihuahua , vía Twitter @aztecachihuahua . Instagram como @tvaztecachihuahua y TikTok @tvaztecachihuahua o también visita más notas en nuestro sitio web www.aztecachihuahua.com
Quizás te interese: México afina detalles para enfrentar a Corea del Sur; el liderato del grupo está en juego