La promesa de que el petróleo pertenecería al pueblo y de que la gasolina alcanzaría un precio accesible quedó únicamente en el discurso. Actualmente, el costo del combustible en México se mantiene elevado, una situación que continúa afectando de forma directa el gasto cotidiano de millones de ciudadanos.
Desde el ámbito federal, el mensaje reiterado ha sido el de la soberanía energética, bajo la narrativa de que el país es dueño de sus recursos petroleros. Sin embargo, al momento de acudir a una estación de servicio, esa idea no se refleja en el precio final que pagan los consumidores.
El precio que no coincide con el discurso
En la práctica, el litro de gasolina se comercializa en un promedio de 23.37 pesos, una cifra que contrasta con lo prometido en años anteriores. Esta diferencia ha generado inconformidad entre la población, que cuestiona por qué, aun con petróleo propio, el combustible continúa siendo costoso.
La comparación con otros países refuerza el descontento, pues mientras en México el precio se mantiene elevado, en algunas regiones de Estados Unidos el costo por litro es considerablemente menor.
El peso de los impuestos en el combustible
De acuerdo con lo expuesto, una parte significativa del precio final de la gasolina corresponde al cobro de impuestos, los cuales representan casi la mitad del costo por litro. Esta situación provoca que el ciudadano termine pagando más, independientemente del origen del combustible.
Desde esta perspectiva, el consumidor enfrenta un doble impacto: primero al pagar el precio elevado al cargar gasolina y después cuando se anuncian subsidios que, finalmente, también provienen de los propios contribuyentes.
Destino del recurso recaudado
El señalamiento central apunta a que los ingresos obtenidos por los impuestos a las gasolinas terminan destinados al financiamiento de grandes proyectos de infraestructura, algunos de ellos señalados como costosos y dependientes de subsidios constantes.
Entre estos se mencionan obras que requieren fuertes cantidades de recursos públicos, lo que mantiene abierta la discusión sobre el uso final del dinero que sale directamente del bolsillo de los ciudadanos.
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