El Ministerio Público solicitó una pena de hasta 140 años de prisión para doña Carlota, acusada de asesinar a presuntos invasores en una vivienda ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México. Durante la audiencia realizada en los juzgados de la región, la Fiscalía argumentó que se trató de un homicidio con agravantes como ventaja y presunta saña.
En el mismo proceso, las autoridades también pidieron penas de hasta 210 años de cárcel para sus hijos, Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’, al considerar la acumulación de delitos por homicidio y tentativa de homicidio. La defensa, por su parte, solicitó aplazar el proceso hasta el próximo 20 de abril con el fin de reunir pruebas que respalden su versión de los hechos.
Debate legal por legítima defensa y uso excesivo de la fuerza
El caso se remonta al 1 de abril del año pasado, cuando doña Carlota acudió a una vivienda en la unidad habitacional ExHacienda Guadalupe, presuntamente invadida por varias personas. Según las investigaciones, la mujer descendió de un vehículo, ingresó al inmueble y abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar.
Como resultado del ataque, murieron Esaú Márquez, de 51 años, y su hijo Justin Márquez, de 19, mientras que un menor de edad resultó herido. Aunque la propiedad del inmueble fue acreditada por la familia de la acusada, la Fiscalía sostiene que hubo un uso desproporcionado de la fuerza, lo que derivó en los cargos actuales.
La defensa insiste en que los hechos ocurrieron en un contexto de legítima defensa ante un presunto despojo, argumento que será clave en la resolución judicial. El juez del caso deberá determinar si existen elementos suficientes para sostener esta versión o si se configura responsabilidad penal por los delitos imputados.
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Otorgan prisión domiciliaria a doña Carlota por su salud
Debido a su edad y condiciones de salud, entre ellas diabetes e hipertensión, un juez federal otorgó a doña Carlota el beneficio de prisión domiciliaria. Actualmente, permanece bajo vigilancia con un brazalete electrónico y tiene prohibido salir del país mientras continúa el proceso en su contra.
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