El gobierno de Estados Unidos endureció sus acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar nuevas sanciones financieras dirigidas contra presuntos integrantes de la organización y decenas de empresas relacionadas con sus operaciones. Como parte de estas medidas, el Departamento del Tesoro presentó una actualización de la estructura de mando del grupo delictivo y reiteró que continuará incrementando la presión sobre las redes criminales.
El anuncio se produjo en un contexto en el que autoridades estadounidenses han insistido en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral con México en temas de seguridad, combate al narcotráfico y control fronterizo.
De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Tesoro, la estructura del CJNG coloca entre sus principales operadores a Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, identificado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, y vinculado familiarmente con los fundadores de Los Cuinis y del Cártel del Milenio.
En el siguiente nivel aparece Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, señalado por autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes operativos del grupo criminal.
Asimismo, el organigrama incluye a Audías Flores Silva, alias El Jardinero, quien fue detenido previamente por autoridades mexicanas tras labores de inteligencia.
Además de los presuntos líderes, las sanciones anunciadas por Estados Unidos abarcan a 50 personas y compañías presuntamente relacionadas con las actividades financieras y logísticas del CJNG.
Según el Departamento del Tesoro, entre las empresas señaladas existen gasolineras, compañías de logística, comercializadoras de bebidas alcohólicas, madererías, fabricantes de ropa y calzado, empresas de seguridad privada e incluso negocios vinculados con la extracción de petróleo y gas natural.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización criminal mantiene una estructura basada en vínculos familiares y relaciones de confianza para operar actividades como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras operaciones ilícitas.
En respuesta a las medidas estadounidenses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el bloqueo de 55 personas, de las cuales 39 corresponden a personas físicas y 16 a empresas presuntamente relacionadas con la organización criminal.
Además, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que continúen las investigaciones sobre las posibles actividades ilícitas atribuidas a los involucrados.
Como parte de la información presentada, el Departamento del Tesoro también difundió un mapa con las regiones donde, de acuerdo con sus investigaciones, el CJNG mantiene presencia e influencia dentro del territorio mexicano.
Las autoridades estadounidenses señalaron que las acciones financieras y judiciales buscan debilitar la capacidad operativa y económica de la organización, mediante el bloqueo de recursos y la identificación de sus redes de apoyo.
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