Instalaciones de Aduanas de México y de la Fiscalía General de la República fueron custodiadas por personal de una empresa de seguridad presuntamente vinculada a una red criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú y su socio Jacobo Reyes, de acuerdo con investigaciones periodísticas y registros oficiales de contratación pública.
Empresa de seguridad vinculada a red criminal
Servicios Especializados de Investigación y Custodia SEISA fue identificada como una de las cinco empresas utilizadas presuntamente por esta organización delictiva para el tráfico de armas durante el sexenio morenista pasado. Pese a ello, la compañía recibió contratos millonarios para brindar servicios de vigilancia en casi 20 dependencias gubernamentales, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.
Uso de empresas fachada para tráfico de armas
Fuerza Informativa Azteca dio a conocer que el grupo criminal habría utilizado cinco empresas de seguridad como fachada para traficar armas, remarcarlas y entregarlas a cárteles como el Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito.
Contratos con la Fiscalía General de la República
De manera paralela a las presuntas actividades criminales, SEISA recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos por parte de la Fiscalía General de la República, por un monto superior a los 300 millones de pesos, para servicios de seguridad y vigilancia en sedes y delegaciones de diversos estados del país.
Estos datos se desprenden del portal de compras MX de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Representante legal y presuntos operadores
La empresa SEISA tiene como representante legal a Jorge Enrique Albert Ponce, alias Georgie, señalado en un expediente penal como uno de los operadores clave del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú, presuntamente encargado de garantizar la entrega de armamento a organizaciones del narcotráfico.
Custodia de aduanas y dependencias federales
Entre 2018 y 2024, la empresa de seguridad vinculada a esta organización obtuvo contratos incluso con el Sistema de Administración Tributaria. Su personal llegó a custodiar puntos fronterizos en las aduanas de Tijuana, en Baja California, así como en Nogales y Guaymas, en Sonora.
De acuerdo con la información difundida, estas aduanas son señaladas como puntos donde operan redes de huachicol fiscal, otro de los delitos en los que presuntamente estaba involucrado el grupo de Rocha Cantú, mediante una red de complicidades a nivel nacional.
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