El denominado “robo del siglo”, considerado el caso de huachicol más grande registrado en el país, reveló una estructura criminal que operó con apoyo desde instituciones clave del Estado. Las investigaciones apuntan a que el contrabando de hidrocarburos no solo vulneró los controles de la Secretaría de Marina, sino que también contó con la participación activa de altos mandos y funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con expedientes ministeriales, esta red permitió el desvío masivo de combustible mediante operaciones marítimas y terrestres, con conocimiento previo de las autoridades encargadas de combatir este delito.
Funcionarios de la FGR bajo investigación
Las indagatorias señalan que integrantes de la FGR formaban parte de la estructura criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, empresario vinculado públicamente al certamen Miss Universo. La organización habría entregado pagos periódicos a servidores públicos a cambio de protección, filtración de información y liberación de bienes asegurados.
Entre los nombres que aparecen en la investigación destaca el de Mari Carmen Ramírez, fiscal especializada en el combate al robo de hidrocarburos, quien fue detenida en noviembre pasado. Hasta el momento, es la única de los 13 imputados de esta célula criminal que ha sido procesada judicialmente.
Filtración de investigaciones y liberación de bienes
Según la carpeta de investigación, la fiscal detenida habría recibido en sus oficinas a Jacobo Reyes León, identificado como líder criminal dentro de la red de huachicol. La acusación sostiene que proporcionó información confidencial relacionada con investigaciones en curso y facilitó la liberación de inmuebles y bienes asegurados pertenecientes a la organización.
Estos actos habrían permitido a la red criminal anticiparse a operativos y continuar con el contrabando de hidrocarburos a gran escala.
Cateos y documentos revelan pagos millonarios
En febrero pasado, autoridades catearon un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En el lugar se localizaron documentos que detallan pagos de hasta 250 mil pesos dirigidos a funcionarios de la FGR. Registros similares señalan transferencias por el mismo monto a personal de la dependencia en el estado de Querétaro, considerado el centro de operaciones del grupo criminal.
Los documentos también revelan que los mayores beneficios económicos habrían sido para elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes presuntamente recibían pagos de hasta 750 mil pesos por su colaboración.
Una red que operó en tierra y mar
Las investigaciones confirman que el contrabando de hidrocarburos se realizaba tanto en grandes embarcaciones que operaban en puertos de Tamaulipas como en lanchas menores que cruzaban combustible a través del río Usumacinta. Para las autoridades, la magnitud del saqueo evidencia que el “robo del siglo” solo pudo concretarse mediante la complicidad de funcionarios de distintos niveles y dependencias.
El caso continúa bajo investigación y podría derivar en nuevas imputaciones conforme se profundicen las indagatorias.
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