El descarrilamiento del tren interoceánico colocó nuevamente bajo escrutinio público la seguridad, la planeación y los posibles actos de corrupción que rodearon la construcción de proyectos ferroviarios impulsados durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Legisladores y dirigentes de oposición afirmaron que la tragedia no puede desligarse de una cadena de decisiones políticas y administrativas que, aseguran, priorizaron intereses particulares por encima de la seguridad.
De acuerdo con los señalamientos, existe una presunta red de tráfico de influencias que habría operado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que estarían involucrados personajes cercanos al entonces mandatario, incluidos sus hijos. Ante ello, representantes de la oposición anunciaron que preparan denuncias formales para que se investiguen a fondo las responsabilidades.
Acusan irregularidades en la construcción del tren
Los opositores sostienen que el tren interoceánico fue construido bajo un esquema similar al de otras obras federales, caracterizado —según sus críticas— por falta de planeación técnica, supervisión deficiente y decisiones tomadas con premura. En particular, señalaron la supervisión atribuida a Gonzalo “Bobby” López Beltrán y la adquisición del balasto a empresarios cercanos al círculo político del expresidente.
En este contexto, exigieron que los presuntos responsables comparezcan ante el Ministerio Público y rindan cuentas por posibles irregularidades en la ejecución del proyecto. Subrayaron que no se trata de un debate político, sino de la obligación de esclarecer hechos que derivaron en la pérdida de vidas humanas.
Exigen transparencia y desclasificación de información
Uno de los principales reclamos de la oposición es la falta de acceso a la información relacionada con la construcción del tramo ferroviario donde ocurrió el accidente. Consideran indispensable que el gobierno federal desclasifique de inmediato los documentos técnicos, contratos y bitácoras de obra que actualmente permanecen reservados.
Asimismo, pidieron a la presidenta de la República suspender temporalmente los proyectos ferroviarios en curso, con el objetivo de revisar su viabilidad presupuestal, su funcionalidad y, sobre todo, las condiciones de seguridad bajo las que operan.
Cuestionan la respuesta oficial tras la tragedia
Los opositores también expresaron inconformidad ante lo que consideran un intento de minimizar la gravedad del descarrilamiento. Rechazaron que sus pronunciamientos constituyan “carroña política” y afirmaron que su postura responde a una exigencia de justicia y rendición de cuentas.
A su juicio, las fallas detectadas en diversas obras construidas a partir de 2018 reflejan una política de infraestructura basada en decisiones apresuradas, sin los estudios técnicos necesarios y con el objetivo principal de inaugurar proyectos, aun cuando estos no estuvieran plenamente consolidados.
Llamado a comparecencias en el Congreso
Finalmente, la oposición solicitó que los funcionarios responsables de la construcción, supervisión y operación del tren interoceánico comparezcan ante el Congreso de la Unión para explicar las causas del descarrilamiento y las medidas adoptadas para evitar nuevas tragedias.
El caso, señalaron, debe marcar un punto de inflexión en la política de infraestructura ferroviaria del país, con énfasis en la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas.
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