El Fiscal Anticorrupción del estado de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, confirmó en conferencia de prensa este 13 de noviembre, que Cynthia Marina Ceballos Delgado, alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, está siendo acusada por el delito de peculado agravado por un monto de 2 millones 198 mil de pesos, derivado de la venta de al menos 6 inmuebles propiedad del municipio.
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El Fiscal Anticorrupción informó que solicitaron la orden de aprehensión contra la alcaldesa y la secretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández Parra, quien hasta el momento se encuentra prófuga de la justicia. Ambas funcionarias contrataron como defensores a los exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción, Ulises Sotelo Torres y Francisco Fabián García García, quienes en la pasada administración fungieron como vicefiscal y director jurídico y de dominio.
Fiscalía Anticorrupción tendría a otros funcionarios municipales en la mira
La Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia debido a que determinó que las funcionarias públicas incurrieron en la comisión de conductas delictivas, como el uso ilegal de atribuciones. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción externó que tiene en la mira a otros tres funcionarios municipales de Nuevo Casas Grandes, quienes podrían estar involucrados en los hechos delictivos antes mencionados.
Luis Abelardo Valenzuela Holguín, detalló que la imputación formulada contra las funcionarias públicas es por la cantidad de 2 millones 198 mil pesos, sin embargo, se presume que el daño podría ser mayor, pues se les atribuye que en diversas fechas y sin autorización del ayuntamiento, realizaron enajenaciones de varios inmuebles, sin existir evidencia de que estos recursos hayan ingresado a las arcas del municipio.
Asimismo, Abelardo Valenzuela reconoció la colaboración de los regidores y la síndica de la localidad, quienes colaboraron de “manera valiente”, para que se integraran los datos necesarios en la carpeta de investigación. La audiencia de formulación para la alcaldesa ya inició este lunes bajo la causa penal 3980/2023. La sanción que podría alcanzar va desde los 6 meses hasta los 4 años de prisión, con una multa económica.
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