El asesinato de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años, ocurrido en septiembre de 2025 en Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, continúa generando indignación tras la resolución judicial contra sus agresoras. El caso, ocurrido tras un engaño bajo la promesa de una “sorpresa”, ha reabierto el debate sobre la justicia para menores de edad en delitos de alto impacto.
Cronología del crimen
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Leyla salió de su domicilio el 25 de septiembre de 2025 para reunirse con dos adolescentes de 13 y 15 años, con quienes mantenía una relación de amistad. Según el testimonio de la madre, las menores le dijeron que la llevarían a conocer a un joven, tras lo cual la familia perdió todo contacto con ella y se activó el reporte de desaparición.
Días después, las autoridades localizaron el cuerpo de la menor enterrado en el patio de una vivienda ubicada en el ejido El Desierto. La causa de muerte fue asfixia mecánica, de acuerdo con los dictámenes forenses.
La investigación avanzó con el análisis de indicios en el domicilio y la integración de un video anónimo que habría sido enviado a la madre de la víctima, en el que presuntamente se observa el momento previo al crimen. En dicho material, no confirmado oficialmente, se aprecia a la menor sometida mientras las agresoras realizan comentarios antes de agredirla.
En una primera línea de investigación se consideró la participación de un adulto conocido como “El Kalusha”, quien posteriormente fue localizado sin vida. Sin embargo, las indagatorias posteriores apuntaron directamente a las dos adolescentes implicadas.
Sentencia desata debate en Sonora
En marzo de 2026, un juez especializado en justicia para adolescentes dictó una sentencia de dos años y diez meses de internamiento contra ambas responsables, además del pago de una reparación del daño por cinco mil pesos a la madre de la víctima.
La resolución ha generado debate público debido a la brevedad de la sanción frente a la gravedad del crimen, mientras colectivos y familiares exigen una revisión del sistema de justicia juvenil en México.
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