La acumulación de más de 5 mil 600 denuncias contra personal de la Fiscalía de la Ciudad de México ha reavivado el debate sobre corrupción y deficiencias institucionales, particularmente tras el caso de Edith Guadalupe, una joven asesinada en un inmueble de la capital.
De acuerdo con los señalamientos de sus familiares, al acudir ante las autoridades para reportar su desaparición y solicitar apoyo, habrían enfrentado solicitudes de dinero a cambio de agilizar la búsqueda, lo que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios.
Denuncias de corrupción en la Fiscalía de CDMX
La fiscal capitalina, Berta Alcalde, reconoció la existencia de irregularidades dentro de la institución, aunque las calificó como problemáticas internas. En este contexto, el caso ha sido señalado como un ejemplo de fallas estructurales, que incluyen procesos burocráticos, falta de personal y presuntos actos de corrupción.
Familiares de la víctima sostienen que la respuesta institucional fue tardía, ya que la denuncia de desaparición no fue atendida de inmediato, lo que, a su juicio, pudo haber influido en el desenlace del caso.
Investigación del feminicidio de Edith Guadalupe
Según la información oficial, el principal sospechoso es el vigilante del edificio donde fue vista por última vez, quien ya fue detenido. Las autoridades indicaron que el sistema de cámaras del inmueble fue desactivado durante el periodo en que la joven se encontraba en el lugar, además de que se localizaron indicios en la caseta de vigilancia.
No obstante, esta versión ha sido cuestionada tanto por la familia de la víctima como por la defensa del detenido, quienes han planteado dudas sobre su responsabilidad e incluso han señalado posibles irregularidades en su detención.
Dudas sobre posible red de trata de personas
En medio de la investigación, los familiares difundieron imágenes de un elevador del inmueble, en las que aparece una joven acompañada de un hombre. A partir de ello, han señalado la posibilidad de que en el lugar operara un esquema de captación de mujeres bajo supuestas ofertas de empleo.
Sin embargo, la fiscalía ha descartado que la persona en el video sea Edith Guadalupe y ha identificado al individuo como un residente del edificio.
Funcionarios separados y cuestionamientos a la investigación
Hasta el momento, cinco servidores públicos han sido separados de sus cargos por presuntas omisiones, entre ellos personal de la fiscalía y de la Comisión de Búsqueda de Personas. Aun así, familiares consideran que las responsabilidades podrían alcanzar niveles superiores.
Además, persisten cuestionamientos sobre la preservación de la escena, ya que el inmueble no habría sido asegurado en su totalidad, lo que ha generado dudas sobre la solidez de las indagatorias.
Reclamos por desapariciones y respuesta institucional
En paralelo, el caso se enmarca en un contexto nacional marcado por denuncias de familiares de personas desaparecidas. En ese escenario, se ha documentado un reclamo público dirigido al senador Gerardo Fernández Noroña, en el que una madre buscadora cuestionó la actuación de las instituciones frente a la crisis de desapariciones.
El hecho refleja el malestar de colectivos y familiares, quienes han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y garantizar atención inmediata en casos de desaparición.
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