El reciente aval para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial ha generado preocupación, al considerarse una medida con efectos que pueden afectar de forma prolongada la vida de los ciudadanos.
Un ciudadano que solicitó el anonimato relató que, tras colaborar de manera voluntaria en una investigación, sus cuentas fueron congeladas, incluyendo las de familiares, incluso algunas sin actividad.
El bloqueo no solo implicó la imposibilidad de disponer de su dinero, sino también de realizar pagos, recibir ingresos y continuar con sus actividades laborales.
El afectado señaló que, tras solicitar una audiencia, la autoridad determinó que sus argumentos eran insuficientes. Posteriormente, promovió amparos y enfrentó procesos administrativos que se extendieron durante cuatro años.
A lo largo de ese periodo, obtuvo resoluciones favorables en distintas instancias judiciales.
Aunque finalmente logró el desbloqueo de sus cuentas, indicó que su situación no volvió a la normalidad. Refirió dificultades para acceder a servicios financieros, como la apertura de nuevas cuentas o la obtención de créditos.
El caso se presenta en el contexto de la reciente determinación de la Suprema Corte que permite el congelamiento de cuentas sin orden judicial, lo que ha generado cuestionamientos sobre sus posibles implicaciones para otros ciudadanos.
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