El Gobierno de México informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene investigaciones abiertas sobre las cuentas públicas de entidades como Nuevo León y Sinaloa, luego de detectar más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar correspondientes al ejercicio fiscal del año pasado.
De acuerdo con los datos presentados, el monto más elevado, de 5 mil 200 millones de pesos, corresponde a 42 municipios, mientras que otros mil 200 millones están relacionados con entidades federativas.
¿Qué irregularidades detectó la ASF en Nuevo León y Sinaloa?
Entre los hallazgos mencionados durante la conferencia se encuentran presuntos esquemas de triangulación de recursos en estados como Nuevo León y Sinaloa.
En el caso de Sinaloa, la revisión identificó contratos adjudicados por distintos organismos públicos estatales y municipales a una constructora vinculada con los hijos del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Según la información expuesta, uno de sus hijos aparece registrado como accionista y administrador único de la empresa, mientras que el otro figura como apoderado legal.
Auditoría señala transferencias de recursos a familiares de Rubén Rocha Moya
La ASF habría identificado que la constructora recibió depósitos superiores a los montos correspondientes a la obra pública que tenía asignada. También detectó movimientos de dinero entre cuentas de la propia empresa y transferencias hacia los dos hijos de Rocha Moya.
Posteriormente, ambos habrían realizado pagos millonarios a un funcionario de finanzas bajo el concepto de pago préstamo.
Durante la conferencia, se explicó que las revisiones permitieron identificar posibles mecanismos de triangulación y simulación de operaciones, así como patrones de transferencia de recursos públicos mediante pagos a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas de personas físicas y morales con vínculos familiares con servidores públicos.
Gobierno plantea revisar el destino final del dinero público
Durante el mensaje también se señaló que la fiscalización no debe limitarse a determinar cuánto dinero se ejerció, sino que debe establecer quién recibió los recursos, cómo fueron utilizados y cuál fue su destino final.
El Gobierno de México sostuvo que las investigaciones deben esclarecer si existieron acuerdos para defraudar al Estado mexicano.
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