Alistan nueva ley que eliminaría el “cobro de piso” en México: revelan detalles

México da un paso decisivo contra el “cobro de piso": la nueva ley establece penas severas para quienes exijan cobro de piso y promete fortalecer la protección de víctimas y la acción del Estado.

Cobro de piso
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El cobro de piso, una de las modalidades más agresivas de extorsión en México, podría enfrentar penas mucho más severas gracias a la aprobación próxima de una Ley Nacional de Extorsión. El proyecto establece castigos de seis a quince años de prisión, así como multas de hasta 500 UMAs, que pueden incrementarse hasta dos terceras partes cuando el delito se cometa contra menores, adultos mayores, migrantes o mediante violencia, amenazas o manipulación digital.

La iniciativa busca cerrar los vacíos legales que han permitido que estas prácticas continúen afectando a comerciantes, pequeños empresarios y ciudadanos en general, generando un impacto económico y social significativo. Además de endurecer las penas, la ley contempla mecanismos para mejorar la capacitación de los ministerios públicos y cuerpos de investigación, con el objetivo de garantizar que los casos de extorsión sean atendidos de manera efectiva y rápida.

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Ajustes para mayor efectividad

Uno de los puntos centrales de la legislación es la precisión en la tipificación del delito. Se busca evitar ambigüedades que puedan favorecer a los responsables y asegurar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del delito. Entre los ajustes destacan la definición clara de los agravantes, como la utilización de violencia física o psicológica, la participación de grupos criminales organizados, y la vulneración de personas en situación de vulnerabilidad.

Expertos señalan que la nueva ley no solo persigue sancionar a quienes cometen extorsiones, sino también prevenir la proliferación del cobro de piso, al aumentar la certeza de castigo y reforzar la presencia del Estado en la protección de víctimas. Se espera que las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia puedan coordinarse de manera más efectiva, agilizando las investigaciones y reduciendo la impunidad.

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El proyecto también plantea reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de modernizar los procedimientos y garantizar que la legislación se mantenga vigente ante las nuevas modalidades de extorsión, incluyendo aquellas que se realizan mediante amenazas digitales o el uso de tecnologías de comunicación.

Con estas modificaciones, México busca enviar un mensaje contundente: el cobro de piso y cualquier forma de extorsión no serán tolerados, protegiendo a las víctimas y fortaleciendo la capacidad del Estado para actuar con firmeza y eficacia. Analistas destacan que, si se implementa correctamente, esta ley podría convertirse en un instrumento clave para reducir significativamente la incidencia de este delito en todo el territorio nacional.

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