Especialistas han alertado sobre el riesgo que representa la llamada "ley censura", impulsada por la presidencia de la República, al otorgar poderes extraordinarios a la Agencia de Transformación Digital, encabezada por José Peña Merino.
De acuerdo con el proyecto, las sanciones impuestas por esta agencia no podrán ser suspendidas mientras se impugnan, lo que significa que entrarán en vigor de manera inmediata, incluso si son cuestionadas por posibles violaciones constitucionales.
Sin posibilidad de suspensión, ni ante daño irreparable
La medida ha sido criticada porque impide a usuarios, medios de comunicación y concesionarios solicitar suspensiones provisionales ante actos que consideren inconstitucionales, incluso si estos implican daños irreparables. Esto, señalan juristas, elimina una garantía clave del debido proceso y debilita la protección legal frente a abusos de autoridad.
Críticas por concentración de poder y violaciones constitucionales
Expertos en derecho constitucional consideran que este diseño legal concentra el poder en una sola figura, lo que abre la puerta a decisiones unilaterales que podrían estar guiadas por intereses políticos. El artículo clave de esta legislación ha sido calificado como violatorio de la Constitución y con claros tintes autoritarios.
Llamado a los legisladores para frenar la ley
Concluidos los simulacros legislativos, organizaciones y juristas han exhortado al Congreso a no aprobar esta reforma en sus términos actuales, pues dejaría a la ciudadanía indefensa frente a una instancia con capacidad de imponer sanciones sin posibilidad de defensa previa.
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