Adán Augusto reconoce vínculos con empresario ligado al huachicol fiscal

Las acusaciones contra Adán Augusto López Hernández siguen creciendo. El coordinador de los senadores de Morena admitió su relación con un empresario presuntamente implicado en el llamado “huachicol fiscal”, lo que ha generado una nueva ola de cuestionamientos sobre su papel dentro del partido y su cercanía con personajes investigados por delitos financieros.

Durante recientes declaraciones, López Hernández reconoció conocer desde hace varios años a Juan Pablo Vega Riaga, propietario de Naviera Integral, empresa señalada por participar en una operación ilegal de traslado de combustible que habría provocado pérdidas al país por más de 600 mil millones de pesos. “Somos conocidos desde hace cinco o seis años; es un empresario con negocios con Petróleos Mexicanos”, declaró el senador.

La oposición calificó a López Hernández como un “lastre político” para la presidenta de la República, y demandó su renuncia inmediata como coordinador de Morena en el Senado. Los partidos contrarios aseguran que su permanencia en el cargo contradice el discurso oficial de combate a la corrupción.

“Mientras no haya consecuencias para el senador y sus colaboradores, las promesas de justicia quedarán en palabras al aire”, señalaron legisladores opositores. Según reportes, existen al menos 30 denuncias formales contra Adán Augusto, relacionadas con nexos con criminales, enriquecimiento ilícito, conflicto de interés y omisiones en su declaración patrimonial, sin que hasta ahora se registren avances judiciales.

Además de su cercanía con Vega Riaga, López Hernández ha sido relacionado con Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder del grupo delictivo “La Barredora”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con analistas, estos vínculos representan una muestra de las presuntas alianzas entre Morena y el crimen organizado, lo que, afirman, pone en riesgo la recuperación de la paz y la confianza ciudadana.

Hasta el momento, ninguna de las denuncias ha derivado en sanciones o procesos judiciales contra el legislador. Críticos sostienen que, mientras el llamado “mejor amigo de ya saben quién” continúe sin rendir cuentas, la promesa de cero impunidad seguirá siendo un compromiso vacío pronunciado desde Palacio Nacional.

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