Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han tomado un nuevo nivel tras la formalización de cargos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los señalamientos incluyen presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, así como participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la información difundida, Rocha Moya es señalado por conspiración para introducir sustancias ilícitas a Estados Unidos, además de delitos vinculados con el uso y manejo de armas de alto poder y explosivos.
Las sanciones que se contemplan en caso de comprobarse estas acusaciones podrían alcanzar hasta 40 años de prisión o incluso cadena perpetua, conforme a la legislación estadounidense.
En paralelo a estos señalamientos, el estado de Sinaloa enfrenta un panorama marcado por la violencia. Desde el inicio de la actual administración estatal, se reportan más de 3 mil homicidios y alrededor de 2 mil personas desaparecidas.
Escenarios como enfrentamientos armados en zonas urbanas, particularmente en Culiacán, reflejan el nivel de conflictividad que persiste en la entidad, en medio de disputas entre grupos criminales.
Uno de los elementos que destaca dentro de la acusación es la supuesta existencia de “narconóminas” vinculadas a “Los Chapitos”. Según los documentos, se habrían realizado pagos mensuales a distintos perfiles identificados con claves o apodos, lo que formaría parte de una red de sobornos.
Entre los montos señalados se mencionan pagos de hasta 300 mil pesos mensuales a funcionarios de seguridad, así como otras cantidades dirigidas a mandos policiales estatales y municipales.
Los nombres incluidos en estas versiones abarcan desde exintegrantes de la Policía de Investigación hasta responsables de corporaciones locales, lo que, de confirmarse, implicaría una infiltración profunda en instituciones de seguridad.
Las acusaciones también sugieren que estas presuntas redes de pagos habrían influido en la falta de acciones contra actividades delictivas, como la operación de laboratorios clandestinos o el tráfico de sustancias como fentanilo y metanfetaminas.
De acuerdo con esta línea, la inacción de algunas corporaciones podría estar relacionada con los beneficios económicos señalados en los documentos.
Para las autoridades estadounidenses, el caso no solo se limita a la política local, sino que tendría implicaciones directas en la crisis de consumo de drogas en su territorio. En ese sentido, se plantea que los actores señalados podrían tener responsabilidad indirecta en las muertes asociadas al consumo de fentanilo y otras sustancias.
El proceso se mantiene en desarrollo y, según lo expuesto, aún existirían nombres reservados dentro de la investigación que podrían darse a conocer en etapas posteriores.
El caso continúa generando atención tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto donde se cruzan temas de seguridad, política y cooperación judicial entre países.
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