El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, figura en una acusación presentada por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y uso ilegal de armas, en un caso que también involucra a otros funcionarios en activo y exservidores públicos. De acuerdo con la información difundida por la fiscalía del distrito sur de Nueva York, se trata de una presunta red que habría utilizado posiciones de poder para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
En total, nueve personas forman parte de esta lista, señaladas por su posible participación en actividades ilícitas que incluyen el trasiego de sustancias como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de otros delitos de alto impacto.
De qué acusan a Rocha Moya en Estados Unidos
Según la investigación, el mandatario estatal y el resto de los implicados habrían aprovechado sus cargos públicos para favorecer operaciones del crimen organizado. Entre los señalamientos se incluyen la presunta recepción de sobornos, filtración de información confidencial sobre operativos de seguridad, protección de cargamentos ilícitos y obstrucción de la justicia.
La acusación también menciona posibles vínculos con delitos graves como secuestro y homicidio, así como la facilitación de condiciones para que organizaciones criminales operen sin restricciones en el estado.
Lista de funcionarios señalados en la investigación
Además del gobernador, en la acusación aparecen nombres de funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles de gobierno. Entre ellos se encuentran:
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general
- Marco Antonio Almanza Ávila, jefe de la Policía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán
Oposición exige renuncias y procesos legales
Tras darse a conocer los señalamientos, actores políticos de oposición demandaron que tanto el gobernador como los demás implicados se separen de sus cargos para enfrentar las investigaciones. Desde distintas voces se ha planteado la necesidad de iniciar procesos formales que permitan esclarecer los hechos.
“Deberían pedir licencia para enfrentar los cargos por los cuales están siendo señalados y comparecer ante las autoridades”, señalaron, al tiempo que acusaron una crisis de corrupción en las estructuras de gobierno.
Señalamientos de crisis institucional en Sinaloa
La situación ha intensificado el debate político en la entidad, donde opositores advierten sobre presuntos vínculos entre altos mandos y el crimen organizado. Afirmaron que el problema no radica únicamente en la incapacidad para combatir la delincuencia, sino en la posible infiltración dentro de las instituciones.
En este contexto, insistieron en que las investigaciones deben avanzar “hasta las últimas consecuencias” y que, en caso de confirmarse responsabilidades, se apliquen sanciones conforme a la ley.
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